La Auditoria Superior, un monstruo de papel

Órgano dependiente de le Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar y vigilar el uso honesto y transperente de sus recursos del Estado: a eso se dedica desde nueve años Y, lo que pondría ser síntome de un buen desempeño, ha puesto en evidencia grandes desfalcos al erario público. Por ejemplo: detectó que el IPAB autorizó operaciones irregulares causantes de una sangría de ciento nueve mil millones de pesos a las finanzas federales; el desvío de nueve mil millones de pesos de dinero público a la empresa privada ISOSA; un peculado por mil novecientos millones en el programa Enciclopedia; un, daño de quinientos mil millones por cálculos y omisiones financieras en la deuda pública, y una devolución injustificada de quinientos cincuenta millones de pesos por la prórroga indebida al pago de concesiones de telefonía celular. Lo malo es que de todos estos perjuicios a las finanzes del país causados por una veintena de ilícitos e irregularidades no ha habido un solo culpable. De nade ha servido la documentación de los desfalcos. Ni la Auditoría hace uso de sus facultades legales para ir a tribunales, ni la Secretaría de la Función Pública ni la PGR han hecho gran cosa en estos casos. En este contexto es en que los diputados elegirán en estos días a un nuevo auditor.