La Auditoria Superior, un monstruo de papel
Monterrosa, Fátima
La Auditoria Superior, un monstruo de papel
Órgano dependiente de le Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar y vigilar el uso honesto y transperente de sus recursos del Estado: a eso se dedica desde nueve años Y, lo que pondría ser síntome de un buen desempeño, ha puesto en evidencia grandes desfalcos al erario público. Por ejemplo: detectó que el IPAB autorizó operaciones irregulares causantes de una sangría de ciento nueve mil millones de pesos a las finanzas federales; el desvío de nueve mil millones de pesos de dinero público a la empresa privada ISOSA; un peculado por mil novecientos millones en el programa Enciclopedia; un, daño de quinientos mil millones por cálculos y omisiones financieras en la deuda pública, y una devolución injustificada de quinientos cincuenta millones de pesos por la prórroga indebida al pago de concesiones de telefonía celular. Lo malo es que de todos estos perjuicios a las finanzes del país causados por una veintena de ilícitos e irregularidades no ha habido un solo culpable. De nade ha servido la documentación de los desfalcos. Ni la Auditoría hace uso de sus facultades legales para ir a tribunales, ni la Secretaría de la Función Pública ni la PGR han hecho gran cosa en estos casos. En este contexto es en que los diputados elegirán en estos días a un nuevo auditor.
La Auditoria Superior, un monstruo de papel
Órgano dependiente de le Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar y vigilar el uso honesto y transperente de sus recursos del Estado: a eso se dedica desde nueve años Y, lo que pondría ser síntome de un buen desempeño, ha puesto en evidencia grandes desfalcos al erario público. Por ejemplo: detectó que el IPAB autorizó operaciones irregulares causantes de una sangría de ciento nueve mil millones de pesos a las finanzas federales; el desvío de nueve mil millones de pesos de dinero público a la empresa privada ISOSA; un peculado por mil novecientos millones en el programa Enciclopedia; un, daño de quinientos mil millones por cálculos y omisiones financieras en la deuda pública, y una devolución injustificada de quinientos cincuenta millones de pesos por la prórroga indebida al pago de concesiones de telefonía celular. Lo malo es que de todos estos perjuicios a las finanzes del país causados por una veintena de ilícitos e irregularidades no ha habido un solo culpable. De nade ha servido la documentación de los desfalcos. Ni la Auditoría hace uso de sus facultades legales para ir a tribunales, ni la Secretaría de la Función Pública ni la PGR han hecho gran cosa en estos casos. En este contexto es en que los diputados elegirán en estos días a un nuevo auditor.
