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Ley de Seguridad Interior: ¿Perpetuar la Guerra? 

<br/><br/> El sentido de urgencia se sobrepuso al sentido común. Si el objetivo expreso de la Ley de Seguridad Interior era dotar de certeza jurídica y legitimidad a la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, ni el contenido de la ley ni las formas fueron las más indicadas. Sin voluntad ni tiempo para generar consensos o negociar los términos de una ley sustancialmente delicada, el tricolor echó a andar la aplanadora legislativa, no sin el acompañamiento de legisladores de la oposición-, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Entre los críticos de la legislación hay quienes, punto por punto, han censurado las facultades que otorga la legislación tanto a las Fuerzas Armadas como al Poder Ejecutivo. Pero más allá de la letra, el rechazo social a la Ley de Seguridad Interior, LSI, apunta a su espíritu. Desde esta perspectiva, hacía falta primero una ley para fortalecer, capacitar y evaluar a las corporaciones civiles de seguridad y luego otra para regular las intervenciones militares. Sin ello, el temor es que una estrategia de seguridad fallida, basada en el despliegue militar, se perpetúe. Si el objetivo es desmilitarizar el combate a la delincuencia, ¿cómo lograrlo sin sustituir a la tropa con policías profesionales? La LSI no es una legislación a la carta para las Fuerzas Armadas. Tampoco de una que cede el mando civil al Ejército o que invada, sin más, competencias de los demás órdenes de gobierno. No obstante, la principal crítica, no la única, es la ambigüedad de muchas disposiciones. Los espacios para la arbitrariedad y la falta de supervisión, controles y contrapesos preocupan en un contexto político como el actual, donde los actores políticos han atropellado reiteradamente a las instituciones y se han deslindado de las disposiciones legales. Sin un eficaz sistema de rendición de cuentas y contrapesos institucionales, ¿qué podría garantizar la observancia de una legislación de armas tomar?  …