El artículo examina los cambios a la Constitución y al Cofipe acordados por los legisladores en 2007, como respuesta a los acontecimientos de la elección presidencial de 2006. Estas modificaciones incluyen, entre otras: a) la provisión de espacios en medios de comunicación para la propaganda electoral en tiempos asignados al Estado y la prohibición de vender tiempo a los partidos políticos o a terceros; b) la remoción de varios consejeros electorales, incluyendo el consejero presidente, en una especie de venganza política; c) cambios a la estructura burocrática del IFE, los cuales debilitan su autonomía frente a los partidos en el Congreso; d) la prohibición de utilizar la imagen del candidato político al transmitir información gubernamental, y e) el cambio en la forma de calcular los recursos de financiamiento público. Esta reforma tuvo la consecuencia inmediata de fortalecer a los partidos frente a los grandes consorcios mediáticos y el IFE.