A principios de 1913, el asesinato de Francisco I. Madero, presidente de la República, agudizó la crisis política y social que se había desatado desde los últimos años del porfiriato. Año y medio después, la situación era aún más grave. La caída de Victoriano Huerta, por la que los revolucionarios habían luchado juntos, sirvió de ocasión para que los contendientes pronto mostraran sus diferencias. Esto ahondó las contradicciones entre ellos, radicalizó sus posiciones y los escindió en facciones que llevaron al país a seis años de lucha. Durante ella, una de las instituciones más atacadas por los grupos revolucionarios, particularmente por los carrancistas, fue la Iglesia católica. Muchas de sus organizaciones, que habían florecido en los años anteriores se vinieron abajo. Pocas escuelas católicas subsistieron, los grandes periódicos confesionales desaparecieron, los grupos obreros se desintegraron y el prometedor Partido Católico Nacional quedó desarticulado. Además, el Constituyente de Querétaro (1916-1917) institucionalizó algunas leyes franca o veladamente anticatólicas. Éstas aparecieron en los artículos 3, 24, 27 y 130.