Los representantes de dos empresas especializadas en el monitoreo y análisis de información presionaron durante cinco meses para que el Instituto Federal Electoral las tomara en cuenta en los procesos de licitación. Y fueron invitados a participar, pero pronto descubrieron que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos asigna contratos con una alta dosis de discrecionalidad, que incluso cae en la ilegalidad.