En 2006, el Instituto Federal Electoral dispondrá de una cifra récord para sus operaciones y campañas institucionales, así como para el financiamiento a los partidos. Pero ese gasto no garantiza una participación ciudadana mayoritaria en las elecciones y, además, la carencia de reformas electorales que permitan fiscalizar los recursos, castigar infracciones y prevenir los fraudes produce el temor de que la elevada erogación en los comicios derive en costos políticos adicionales para el país.