Juicios orales y derechos humanos / Jorge Witker V.

Bibliografía: p. 165-173

"La reforma procesal penal de 2008, complementada con la de junio de 2011, estableció las bases de un sistema de derechos humanos en México, que, junto al Código Nacional de Procedimiento Penales, articulan el escenario integral que el Estado mexicano establece para el ejercicio del Estado constitucional de derecho. Un complemento indispensable de lo anterior son los tratados internacionales en la materia y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han exigido a todo tipo de autoridades la observancia y protección de los derechos humanos, así como a los sujetos procesales y a los operadores de la justicia, la obligación permanente de acatar y respetar esos derechos. Por ello, el derecho de las víctimas, de los imputados, de los testigos, de los peritos y de los policías pasa a ser un espacio clave para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas de la justicia penal actual. Pese a los retrocesos en la práctica de la reforma penal actual, el texto relaciona al propuesto Estado constitucional vigente con el debido proceso, en donde los derechos humanos, destacando el papel de los jueces, tienen un rol principal, incluyendo especialmente al juez de ejecución de penas, que debe actuar con efectividad e independencia, a la luz de la reforma. En el texto, las personas privadas de la libertad, tan excluidas en las reformas precedentes, al fin encuentran un espacio de garantías y derechos en una instancia, en donde el juez de ejecución de penas debe ser un vigilante permanente de los derechos humanos de aquéllas". -- contracubierta