Matar al mensajero

El pleito de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el relator de la ONU sobre la tortura es un punto de transición en la apertura del gobierno mexicano hacia las agencias internacionales encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos. La relación con tales agencias ha sido zigzagueante. A finales del siglo pasado hubo mucho titubeo antes de relacionarse con ellas. La importancia que adquirió entonces el tema de las elecciones genuinas y periódicas como parte central del respeto a los derechos humanos, puso a la defensiva a los diplomáticos mexicanos. Los motivos eran obvios: el partido en el poder no te nía muy buenas credenciales en ese terreno. La inclusión de la cláusula democrática en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales de los noventa, fueron el comienzo de un cambio. Más tarde, al ocurrir la alternancia que llevó a otro partido a la Presidencia de la República, la línea de la política exterior hacia el apoyo a las agencias de derechos humanos fue más decidido. Se ratificaron entonces convenciones y protocolos adicionales que estaban pendientes, se abrió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, se invitó a múltiples relatores especiales a visitar el país a fin de conocer e informar sobre diversos aspectos de la situación de derechos humanos.