Tortura: insignia de la deshumanización extrema y la impunidad

La exigencia se escucha al unísono: eliminar la tortura. Lamentablemente México ha sido un Estado indolente, en el que se desoyen las múltiples recomendaciones que desde hace décadas emiten diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos sobre la urgencia de prevenir, erradicar y sancionar la tortura. A pesar de la condena enérgica, esta práctica sigue siendo una realidad lacerante en el país. Es evidente que en la estrategia de combate al crimen organizado encarnizada en el sexenio pasado, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas. Y todo ello fue posible en gran parte debido a la implementación del arraigo, que socava seriamente los derechos de las personas al restringírseles su acceso a abogados, familia y atención médica, lo que crea situaciones en las que son habituales las denuncias de tortura y malos tratos. A ese respecto el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura ha pedido al Estado mexicano la total eliminación del arraigo; sin embargo esto sólo ha ocurrido en algunas entidades, incluido el Distrito Federal.