La unificación de la legislación penal

Lograr la unificación nacional de la legislación penal en México no es tarea fácil, aunque sí indispensable para lograr una verdadera política de Estado uniforme, coherente, integrada y eficaz en materia de delitos y penas. Y la dificultad no radica en sus aspectos jurídicos, ni constitucionales, ni legales, sino en una barrera política que en esto no debiera existir, pues estamos ante normas jurídicas básicas para toda sociedad civilizada, que ostentan los principios de convivencia, a través de señalar el mínimo del mínimo ético de cualquier comunidad humana. Se invocan "peros" y obstáculos aparentemente insalvables para impulsar esa unificación penal, como pueden ser: Uno, es un signo de autoritarismo el querer emitir códigos penales -sustantivo y procesal- únicos para todo el país, pues se cancela la facultad soberana de los Estados para legislar en materia penal y todo se regula por la federación. Ese argumento no resiste el mínimo análisis, pues el Congreso de la Unión no sólo se sustenta con la representación popular de todo el territorio nacional, sino que a través del Senado, se logra la representación paritaria de todas las entidades federativas, como monitor del federalismo que es; dos, Se desconoce a la fórmula federal, al darle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para legislar en materia penal.