Judicialización de las elecciones o formación de la cultura de legalidad electoral, dilema fundamental para la democracia mexicana

A lo largo de la vida independiente del país, se ha generado una amplia regulación en materia político-electoral, y queda claro que, a partir de 1977, con la expedición de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, México ha presentado un constante movimiento de reformas a la Constitución federal y a las leyes aplicables en la materia, a fin de consolidar sus instituciones electorales, en su calidad de democracia emergente. Este fenómeno ha propiciado la sobrerregulación y la judicialización de la vida electoral, dado que la decisión final de los triunfos en las elecciones se resuelven por la vía judicial. Por ello, ha quedado manifiesta la necesidad de generar y arraigar en la ciudadanía, en los partidos políticos y en todos los sujetos del derecho electoral, la cultura de legalidad, que implica el cumplimiento puntual y generalizado de la normatividad, en el entendido de que el respeto a la ley resulta ser, a fin de cuentas, la garantía necesaria para lograr el ejercicio eficiente de la democracia incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Este artículo, precisamente, pretende resaltar la necesidad de implementar esa cultura de legalidad en materia electoral, como un reto insoslayable de la democracia mexicana actual.