Construir en un Limbo Jurídico

La falta de normativas claras para consultar de forma previa, libre e informada a las comunidades indígenas, asentadas en terrenos donde se desarrollar6 infraestructura energ6tica renovable, pone a sufrir a los inversionistas. A principios de este año el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunciaba una inversión de seis mil seiscientos millones de dólares para la construcción de cincuenta y dos nuevas centrales de generación de energía verde. Ese anuncio lo hizo al entregar contratos a los ganadores de la segunda subasta eléctrica, entre los que se hallaba la firma Eólica Oaxaca, filial de Electricite de France, EDF, quienes desarrollarán una central en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ese proyecto hoy se encuentra suspendido, luego de que la comunidad obtuviera un amparo en instancias federales en demanda de la realización de una consulta a la población indígena sobre ese proyecto. Este caso y otros tantos han puesto sobre la agenda la necesidad de dar claridad al tema de las consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas que habitan en las tierras donde se realizaran proyectos energéticos, y de cualquier otro tipo, derecho que fue reconocido con la ratificación del Convenio Ciento sesenta y nueve de la Organización International del Trabajo, en los noventa, y que cobro fuerza con la modificación al artículo diez de la Constitución de 2011, que concede rango constitucional a este tipo de acuerdos. La urgencia la dicta un momento en el que existen contratos para el desarrollo de infraestructura eléctrica por un valor de nueve mil millones de dólares, recursos que concentraran los proyectos ganadores de las tres subastas eléctricas, de acuerdo con los cálculos de la Secretaria de Energía, Sener, dados a conocer a finales de noviembre durante el anuncio de las firmas ganadoras de la tercera subasta.