Dong Nguyen Huu 25 años

Más inquietante aún para la observación internacional es la duda suscitada sobre su propia credibilidad. Así, se pudo ver que elecciones aprobadas por la comunidad de observadores en Kenia fueron anuladas por la Corte Suprema de este país.La observación nacional continuó, en su caso, a principios de los años noventa con los mismos métodos y apuntando hacia los mismos objetivos: vigilar las operaciones electorales para prevenir y disuadir a las instituciones electorales de cometer o permitir violaciones a la ley electoral. Con los años, los observadores fueron prestando menos atención a la vigilancia de la jornada de votación para mirar el uso de los recursos públicos en las elecciones, el abuso de los medios de comunicación o el papel de la justicia electoral. Se dieron cuenta, entonces, de que este tipo de observación es más difícil de probar que las manipulaciones del voto o sus resultados. ¿Cómo aportar la prueba legal de la compra de votos? ¿Cómo medir el impacto sobre los resultados de un mensaje de radio o televisión emitido más allá de los límites del plazo autorizado? En este sentido, lo que cambió hoy es el papel mismo de la observación, que es cada vez menos un ejercicio de control, disuasión o prevención, para convertirse en una forma de acción cívica. El derecho al voto está bien protegido por un conjunto de leyes, entre ellas la Constitución. El derecho social no lo está, corresponde a los ciudadanos promoverlo y a los procesos electorales implementarlo por medio de la selección de candidatos. La lucha contra la utilización indebida de los recursos públicos para manipular el voto es más eficaz a través de la información sobre los derechos sociales de los ciudadanos que mediante argumentos morales o éticos. Pero entonces, ¿cómo definir con conceptos antiguos, la observación electoral) una nueva actividad, la inserción ciudadana?