Janine M. Otálora Malassis 25 años

El reto electoral más grande de la historia democrática mexicana llegará en el marco de la conmemoración de los cuarenta años del inicio de la tercera ola de democratización en América Latina. En ese contexto, en México podemos sentirnos orgullosos de la fortaleza que han logrado nuestras instituciones democráticas. En particular, las magistradas, los magistrados y todos los integrantes del Tribunal Electoral asumimos el reto de estas elecciones y sabremos estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. La ciudadanía puede tener plena confianza en el trabajo profesional, imparcial y objetivo del Tribunal, y en que nuestra prioridad es garantizar el estado de derecho y, consecuentemente, los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos, en tanto condiciones de toda democracia. Somos conscientes de que para resolver todos los asuntos debemos conducir nuestro actuar con plena independencia y autonomía, guiándonos siempre -y exclusivamente- por los principios constitucionales, brindando certeza y legalidad a los procesos electorales. Sabernos que la claridad y la consistencia en los criterios jurídicos, a partir de los cuales se resuelvan los diferendos que surjan en la contienda electoral, son componentes esenciales. Por ello, esto será un aspecto que cuidaremos en todo el proceso electoral. Sin embargo, el Tribunal Electoral no es el único actor que debe proteger los derechos político-electorales de los mexicanos, también lo debe hacer la ciudadanía misma. Y la mejor manera que tienen las y los ciudadanos para proteger sus propios derechos político-electorales es ejercerlos. Como lo señaló el jurista español Manuel García-Pelayo: No es el Tribunal Constitucional el único órgano al que corresponde la misión de defender la Constitución, puesto que si ésta atañe a todos, debe ser defendida por todos.