Diódoro Carrasco Altamirano 25 años

Como lo personal es político, desde mi memoria haré un relato trenzando estas dimensiones, cuyo devenir está inscrito en la historia del país. En estos veinticinco años vivimos, entre otros acontecimientos, la irrupción del Ejército Zapatista, la huelga en la UNAM, reformas constitucionales de fuerte impacto, y ahora enfrentamos los niveles más altos de violencia e inseguridad, muchos ocasionados por el crimen organizado. Fenómenos que han afectado o puesto en riesgo la gobernabilidad y modificado la política electoral. Hace 25 años en la ley electoral no se hablaba de pueblos indios; tampoco, de igualdad sustantiva entre los sexos. En cuanto a seguridad pública, la ley aprobada afirmaba: "Se establecerá una institución policial con una esfera de competencia claramente delimitada a las funciones de prevención del delito", y no lo olvidemos, al crearse la Policía Federal Preventiva en 1998, su base fueron las Fuerzas Armadas… Secretaría General de Gobierno de Puebla, 2017: Se advierten problemas nacionales que se expresan y se reproducen como mal epidémico en las entidades federativas. Se resiente más el no haber permitido el fortalecimiento y continuidad de la Policía Federal y el crecimiento ordenado de las policías locales. Eso ha afectado la seguridad en carreteras y vías férreas, propiciado el robo de combustibles, el aumento de feminicidios y otros ilícitos de alto impacto, que ponen en riesgo el acceso al ejercicio de los derechos ciudadanos y contaminan la vida partidaria. De ahí que la presencia militar, ejército y armada, en poblados y caminos sea indispensable en tanto la autoridad civil no asuma sus responsabilidades. Es evidente que la seguridad pública, cuyo único destinatario es la ciudadanía, es una forma de fortalecer sus garantías y no un límite. El respeto a los derechos es una condición de eficacia y no un obstáculo para que alcance su objetivo. La construcción de este sistema es un gran pendiente que pone en riesgo muchos avances en la democracia mexicana.