Mientras esperamos a Godot

En este 2017 se cumplen diez años de la reforma constitucional que, entre sus objetivos, buscó ordenar la difusión de propaganda de las instituciones públicas del país y garantizar que los servidores públicos utilicen los recursos del Estado de manera imparcial. Como se sabe, en lo referente al artículo ciento treinta y cuatro, la reforma constitucional en materia político-electoral de 2007 se planteó tres objetivos fundamentales: Uno, evitar que los servidores públicos utilicen los recursos estatales para incidir en las contiendas electorales y alteren con ello las condiciones de competencia. Dos, garantizar que la propaganda de las instituciones del Estado se utilice para proporcionar información necesaria a la población, y no para la promoción personal de servidor público alguno. Y tres, impedir que actores ajenos al proceso electoral, partidos y candidatos, incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de la difusión de propaganda en medios de comunicación.