El uso de programas sociales con fines electorales en México. Candados, instituciones y ciudadanía

En las últimas décadas los esfuerzos para combatir la pobreza en México se han centrado en la implementación de programas sociales de transferencias monetarias o en especie, que han crecido de manera significativa en el ámbito federal, local y municipal. Dichos programas ofrecen a los gobiernos ventanas de oportunidad para difundir supuestos logros y actividades de atención a la ciudadanía. Sin embargo, las cifras sobre pobreza nos muestran que no han logrado atajar de manera efectiva el fenómeno que buscan atender. El uso programas sociales con fines electorales es un delito electoral que subsiste en nuestro país y que debe ser erradicado. La utilización electoral de programas dirigidos a las personas que se encuentran en situación de pobreza, les pone en una doble condición de vulnerabilidad pues quienes no tienen acceso a los derechos económicos, sociales y culturales pueden ver obstaculizado también su derecho político a votar al ver condicionado su acceso a dichos programas. En este sentido, el presente artículo estudia los mecanismos legales, institucionales y ciudadanos con los que contarnos actualmente para la protección y defensa ante el condicionamiento de servicios y el uso de programas sociales con fines electorales en nuestro país, retomando un enfoque de derechos humanos.