El sistema jurídico mexicano frente a la desigualdad

La desigualdad es uno de los mayores desafíos en nuestro país, toda vez que influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas, sobre todo de los menos favorecidos, provoca un deterioro creciente en la calidad de vida, reduce la actividad económica y la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad, por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable. De igual forma, los grupos de interés a través del sistema político han logrado consolidar los acuerdos institucionales a favor de las personas con mayor nivel de ingresos, lo que mina la legitimidad del sistema político y erosiona el capital social. Se suele señalar, como principales causas de la desigualdad, el cambio tecnológico, la globalización, la insuficiencia o deficiencias de los servicios educativos y de salud, que reducen las capacidades y oportunidades de las personas, al igual que la movilidad social, así como las distorsiones en los mercados de capital y de trabajo. Sin embargo, pocos autores refieren variables legales y de, meta mercado, entre las causas de la desigualdad, entre las excepciones se cuentan Stiglitz, 2016, y Atkinson, 2016, y menos aún desarrollan a detalle los mecanismos causales que vinculan la definición y protección de los derechos con la desigualdad.