Pobreza y Estado de derecho

La idea de que un Estado de derecho débil explica en buena medida la pobreza y el subdesarrollo se ha convertido en motor del movimiento social que pretende construir instituciones que ataquen la corrupción, la impunidad y mejoren la seguridad en las comunidades. Es decir, combatir la corrupción no es sólo una causa que tiene que ver con la justicia, sino también con el desarrollo de un país. La razón es muy simple: la corrupción y la ausencia de Estado de derecho pesan de manera mucho más radical sobre los ciudadanos más pobres. En un país como México, las personas de los sectores socioeconómicos menos privilegiados carecen de los recursos económicos, sociales, académicos o estructurales para suplir las carencias de un Estado de derecho débil. Para estas personas es imposible pagar por los bienes o servicios que el Gobierno debería proveer, como la seguridad, la justicia, el resguardo de su patrimonio o el debido ejercicio de sus derechos. No pueden pagar con recursos propios estos bienes o servicios, ni tienen mecanismos alternos para conseguirlos, y por eso sufren en mayor medida su ausencia.