Otra oportunidad desperdiciada

La nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión soslaya la importancia de la comunicación en la igualdad política y, por ende, en la construcción de la democracia; detrás de las propuestas de nuevas leyes priva una lógica economicista y, dentro de ésta, el impulso neoliberal que permea todas las llamadas reformas estructurales, pero se ignora que esta materia debe ser parte de la reforma del Estado incorporando la lógica política. Las discusiones que desató la iniciativa presidencial se centran en aspectos muy específicos, como la invasión de la privacidad de los usuarios de diversos dispositivos inteligentes, la intromisión de las autoridades en Internet, la protección de los privilegios de la televisora preponderante o la restricción de los poderes del Instituto Federal de Telecomunicaciones… Pero ignoran un aspecto central, quizá el principal, que la nueva legislación debiera garantizar: la recreación de la diversidad existente en la sociedad mexicana y, en consecuencia, la garantía de que también las minorías tendrán acceso a las pantallas televisivas y participarán en igualdad de condiciones en el debate público. Tanto la reforma constitucional como la legal están dirigidas a asegurar la pluralidad, entendida ésta como un aspecto de número, de medios comerciales, pero relegan a un lugar muy secundario la expresión de la diversidad.