Castigo a los delincuentes electorales

¿Para qué sirven las leyes e instituciones electorales si las primeras no se cumplen y las segundas no sancionan a los infractores? Es necesario poner freno a los gobernadores que, violando de manera flagrante la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, gastan impunemente cientos de millones de pesos en autopromoción, con miras a sentarse en la silla presidencial. La ingenuidad de su anhelo no disminuye la gravedad de la falta cometida… Las escandalosas cifras dadas a conocer en Proceso mil novecientos cuarenta y uno por Jenaro Villamil revelan el desprecio de los gobernadores de Chiapas, Puebla, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo por la legislación electoral. Se trata de un ultraje impune, ante la pasividad, ¿cómplice?, de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza y equidad de los procesos comiciales, así como de sancionar a los delincuentes electorales: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la entelequia conocida como Fiscalía Especial para Delitos Electorales.