Otro intento para regular propaganda gubernamental
In: Zócalo. Comunicación, política y sociedad 163 (sep. 2013), 35-36Summary: E1 próximo trece de noviembre se cumplirán seis años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia electoral, que ese año aprobó el Congreso de la Unión. Uno de los componentes de aquellas modificaciones a la Constitución fue el establecimiento de nuevas medidas para evitar que los servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, utilizaran en promoción personalizada, de manera discrecional y parcial, los recursos destinados a la publicidad gubernamental... Para ello, se adicionaron tres párrafos al Artículo Ciento treinta y cuatro de la Constitución en el cual se asentó que, los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo momento, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 448192 |
E1 próximo trece de noviembre se cumplirán seis años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia electoral, que ese año aprobó el Congreso de la Unión. Uno de los componentes de aquellas modificaciones a la Constitución fue el establecimiento de nuevas medidas para evitar que los servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, utilizaran en promoción personalizada, de manera discrecional y parcial, los recursos destinados a la publicidad gubernamental... Para ello, se adicionaron tres párrafos al Artículo Ciento treinta y cuatro de la Constitución en el cual se asentó que, los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo momento, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
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