Acuerdos básicos para la consolidación democrática

Después de casi seis años del cambio del partido en el poder, poco hemos avanzado en la instauración de una democracia en México. Dispersos y poco sistemáticos han sido los cambios en la arquitectura institucional del viejo régimen. La confrontación que ha caracterizado la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, las alianzas circunstanciales y el intercambio casi mercantil entre las fracciones del Legislativo, el fracaso de las mesas de diálogo para la reforma del Estado promovidas por la Secretaría de Gobernación, la ausencia de resultados concretos y visibles respecto de los crímenes del pasado, la impunidad ante la comisión de violaciones graves a los derechos humanos y la apropiación privada de recursos públicos por la clase política, la recreación de un grupo de pocos empresarios privilegiados por el nuevo régimen, parecerían evidenciar que una vez alcanzado el cambio del partido en el poder en el año 2000, los sectores impulsores de la reforma democrática no contábamos con una propuesta suficientemente compartida y apoyada para modificar la estructura institucional que fuera dando cauce a una mayor participación ciudadana en las decisiones del ámbito público, a una redistribución efectiva y eficiente del poder y a una mejoría sostenida en las condiciones de vida de la población.