Sangre de legisladores y exlegisladores

El quince de febrero pasado, Francisco Moreno Merino, morelense, miembro de la bancada priista en San Lázaro, reveló que una investigación federal a la que habría tenido acceso pondera datos provenientes del teléfono móvil del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, confiscado tras su muerte, y las llamadas registradas en la memoria del aparato, que incluían el número de un diputado local de esa entidad… Miembros de la legislatura local criticaron acremente a Moreno, y exigieron que proporcionara nombres. Semanas después, un sábado de marzo, antes del amanecer, la oficina de gestión que Moreno mantenía en Cuernavaca se consumió en llamas tras el estallido de granadas lanzadas por desconocidos que, además, dispararon otras armas sobre el inmueble. Desde entonces, el diputado vive con escolta militar… Otros, en circunstancias parecidas, no han podido contar con esa protección: entre 2005 y 2010, un total de veintiuno legisladores locales y federales en funciones o tras concluir su encargo han sido víctimas de atentados en su contra o de familiares cercanos. En doce de los casos han perdido la vida, ya veces las ejecuciones se extendieron a cónyuges, hijos, hermanos, tíos o sobrinos de los legisladores sentenciados por la mafia, en operaciones efectuadas con altos grados de audacia, violencia y cálculo.