La politización de la PGR

Desde el 2005, cuando inició el uso partidista de la Procuraduría General de la República, los procesos electorales competidos han estado marcados por la detención o acusación de personajes políticos importantes. En abril de ese año la PGR solicitó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador; poco más de un año después, en la víspera de la elección por la gubernatura de Jalisco, la misma dependencia incautó nueve inmueble propiedad del candidato priista a dicho puesto, Arturo Zamora Jiménez; en mayo de 2009 la PGR inició una averiguación previa contra Cándido Monreal Avila, hermano del senador Ricardo y de David, quien acababa de anunciar su intención de competir por la gubernatura de dicha entidad; y el día veintiséis del mismo mes, la PGR detuvo en un operativo sorpresa a una treintena de servidores públicos michoacanos, entre los que se encontraban alcaldes y funcionarios de alto nivel del gobierno perredista del estado… Más allá del impacto mediático y, por lo mismo, político de las acciones de la PGR, sus casos se han desvanecido en el Poder Judicial, de manera que la mayoría de los consignados han sido exonerados. La aprehensión de López Obrador jamás se pudo realizar, a pesar de que se otorgó el desafuero; los bienes incautados a Zamora fueron devueltos unos meses después y él resultó jurídicamente inocente; el caso contra Cándido tampoco tuvo consecuencias legales; y a un año de la detención de los funcionarios michoacanos, diecinueve ya fueron liberados por falta de pruebas.