¿Una nueva ley de amparo? III / José Ramón Cossío Díaz

Como se ha comentado en otras colaboraciones de esta columna, la Suprema Corte de Justicia inició a finales de 1999 un proceso de consulta y discusión encaminado al establecimiento de una nueva Ley de Amparo. Las razones y las motivaciones de ese proceso han sido explicadas ampliamente, de forma tal que no es el caso repetirlas ahora. Lo que sí vale la pena señalar es que en el mes de mayo la propia Corte remitió para su conocimiento y discusión a prácticamente todas las instancias de debate y decisión nacionales el proyecto de reformas a la Ley de Amparo que elaboró a partir de aquel que en el mes de abril le fue entregado por la Comisión integrada por ella misma. Entre el preproyecto entregado a la opinión pública en el mes de septiembre y discutido con todo cuidado en Mérida en el mes de noviembre y el entregado por la Comisión al Pleno en abril existen varias correcciones y adecuaciones hechas a partir de los comentarios y críticas recibidas; igualmente, entre el proyecto entregado por la Comisión al Pleno de ministros y el entregado por éste a la opinión pública en mayo se aprecian algunas modificaciones importantes. Por las razones anteriores, y a efecto de continuar con un amplio debate nacional con anterioridad al momento en que los órganos facultados decidan presentar ese proyecto como iniciativa ante el Congreso de la Unión y éste lleve a cabo las discusiones correspondientes, se hace preciso señalar, así sea de forma apretada, las principales características de ese documento. Por esa razón, en los siguientes tres números de esta columna se tratarán algunos de los temas más relevantes de la propuesta, esperando que la misma sea un detonador de lo que sin duda debe ser un sólido debate nacional, sencillamente porque es a través de la Ley de Amparo como, finalmente, se protegen y definen los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.