Entre la crítica y la calumnia

Es imposible evaluar en blanco, o en negro, la reforma constitucional en material electoral que fue aprobada en noviembre de 2007. Con aquella reforma los partidos políticos emprendieron una injusta revancha en contra de las autoridades que condujeron el proceso electoral de 2006. Al remover inmediata o escalonadamente a los consejeros del IFE, los legisladores quebrantaron la autonomía de la institución federal encargada de organizar nuestros procesos electorales. Otras disposiciones, como la designación de un contralor supeditado al Congreso, contribuyen a debilitar la independencia del IFE. A esa decisión en el plano federal se han sumado los congresos que en varios estados llevan las represalias contra los organismos electorales a situaciones de intervencionismo en su desempeño cotidiano, como la que fue aprobada recientemente en el Estado de México y que propició la renuncia del presidente del Instituto Electoral de esa entidad.