La disputa por el espectro radioeléctrico

E1 desmoronamiento de la Ley Televisa tiene consecuencias más allá de la televisión. La contrarreforma de 2006 no solamente establecía desmedidos privilegios para las empresas de televisión y radio que ya disponían de concesiones y que podrían utilizarlas para difundir otros servicios de telecomunicaciones, sin necesariamente pagar por ellos. Además, como insistimos en la edición anterior de Zócalo, la Ley Televisa ponía en manos de las corporaciones mediáticas el desarrollo ulterior de las telecomunicaciones en México como parte de un modelo que excluye el contraste, la competencia y la ciudadanización de los espacios de comunicación… Ese modelo excluyente ha quedado en suspenso, al menos durante el breve tiempo que transcurre entre las decisiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en los primeros días de junio y la reacción que esos fallos alcancen, tanto en el Ejecutivo Federal como, muy especialmente, en el Congreso de la Unión. Dos semanas después de la extinción que la Corte decretó contra la Ley Televisa, estaba pendiente la decisión que el presidente Felipe Calderón tomaría acerca de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En tanto, al interior de todos los partidos políticos se extendían, no sin contradicciones, los propósitos para emprender una auténtica reforma del régimen para los medios de comunicación en México.