El juicio político y la responsabilidad patrimonial del estado en el ordenamiento mexicano

El hecho de que el juicio político de los altos funcionarios no hubiese tenido aplicación práctica, no obstante momentos políticos difíciles durante los cuales se han utilizado otros instrumentos, no siempre idóneos, para destituir e inhabilitar a los titulares de los órganos del poder público, especialmente en las Entidades Federativas, ha determinado que la legislación reglamentaria de los artículo 111 original y actual 110 de la Carta Federal y sus equivalentes en las Constituciones locales, adolezca de numerosos defectos e imprecisiones que es necesario superar. Este es el objeto de este breve estudio, en el cual también abordaremos la reciente reforma constitucional al artículo 113 de la propia Constitución Federal publicada el 14 de junio de 2002, que introdujo la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos de los particulares.