Rendición de cuentas y el estado de derecho en la consolidación de las democracias
Subject(s): In: Perfiles latinoamericanos 12, 26 (jul-dic. 2005), 9-53Summary: Este trabajo presenta una taxonomía del estado de derecho y la rendición de cuentas con respecto tanto a sustancia como a proceso. Inicia con una exploración de los esfuerzos para establecer "ley y orden" por medio del derecho penal y la aplicación de la ley para enfrentar los abusos del régimen anterior. En seguida, el artículo estudia la ley como organizadora de la actividad económica privada. Después de esta discusión del derecho "privado", la siguiente sección analiza la ley como la base de la organización del Estado y de la autoridad, enfocándose a la cuestión fundamental de cómo la ley puede utilizarse para mantener a los funcionarios sujetos a la rendición de cuentas. Una política pública sujeta a la rendición de cuentas implica el suministro de información, procedimientos transparentes, y el establecimiento de organizaciones privadas para cuestionar las decisiones gubernamentales. En la última sección se considera el papel del poder judicial como garante, tanto del derecho privado como de un gobierno obligado a la rendición de cuentas. El artículo concluye con algunas consideraciones acerca del establecimiento de prioridades en cuanto a la reforma del Estado para democracias en proceso de consolidación.Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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Revistas | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 329387 |
Este trabajo presenta una taxonomía del estado de derecho y la rendición de cuentas con respecto tanto a sustancia como a proceso. Inicia con una exploración de los esfuerzos para establecer "ley y orden" por medio del derecho penal y la aplicación de la ley para enfrentar los abusos del régimen anterior. En seguida, el artículo estudia la ley como organizadora de la actividad económica privada. Después de esta discusión del derecho "privado", la siguiente sección analiza la ley como la base de la organización del Estado y de la autoridad, enfocándose a la cuestión fundamental de cómo la ley puede utilizarse para mantener a los funcionarios sujetos a la rendición de cuentas. Una política pública sujeta a la rendición de cuentas implica el suministro de información, procedimientos transparentes, y el establecimiento de organizaciones privadas para cuestionar las decisiones gubernamentales. En la última sección se considera el papel del poder judicial como garante, tanto del derecho privado como de un gobierno obligado a la rendición de cuentas. El artículo concluye con algunas consideraciones acerca del establecimiento de prioridades en cuanto a la reforma del Estado para democracias en proceso de consolidación.
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