Bajo acusación penal / Jorge Carrasco Araizaga
In: Proceso 29, 1567 (nov. 2006), 32-34Summary: Durante casi todo el sexenio el gobierno de Vicente Fox sometió a una persecución implacable a Julio Scherer Ibarra. El hijo de Julio Scherer García, fundador y actual presidente del consejo de administración de la empresa editora de Proceso, fue objeto de múltiples acusaciones penales por delitos presuntamente cometidos durante su gestión como director general del Consorcio Azucarero Escorpión, Caze, entre 1997 y 1999. en lo que puede considerarse como una verdadera cacería, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Francisco Gil Díaz a la cabeza, presentó contra Scherer Ibarra catorce denuncias penales, de las cuales fue exonerado por la PGR, en mayo pasado, pese a ñas presiones de la SHCP. Ahora, la situación se revierte: el jueves nueve de noviembre Julio Scherer Ibarra denunció a la SHCP por abuso de autoridad y omisión de hechos sustanciales en un juicio de amparo, delitos que presuntamente cometieron los funcionarios que presentaron directamente las querellas, pero cuya responsabilidad recaería también en el propio secretario Gil Díaz.Durante casi todo el sexenio el gobierno de Vicente Fox sometió a una persecución implacable a Julio Scherer Ibarra. El hijo de Julio Scherer García, fundador y actual presidente del consejo de administración de la empresa editora de Proceso, fue objeto de múltiples acusaciones penales por delitos presuntamente cometidos durante su gestión como director general del Consorcio Azucarero Escorpión, Caze, entre 1997 y 1999. en lo que puede considerarse como una verdadera cacería, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Francisco Gil Díaz a la cabeza, presentó contra Scherer Ibarra catorce denuncias penales, de las cuales fue exonerado por la PGR, en mayo pasado, pese a ñas presiones de la SHCP. Ahora, la situación se revierte: el jueves nueve de noviembre Julio Scherer Ibarra denunció a la SHCP por abuso de autoridad y omisión de hechos sustanciales en un juicio de amparo, delitos que presuntamente cometieron los funcionarios que presentaron directamente las querellas, pero cuya responsabilidad recaería también en el propio secretario Gil Díaz.
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