El servicio profesional del IFE
Material type: ArticleSummary: En octubre de 1990, en un entorno signado por la falta de credibilidad de los organismos comiciales y el imperativo de construir cauces eficaces para dirimir pacíficamente la creciente diversidad política nacional, surgió el Instituto Federal Electoral, IFE, como un ente, público autónomo, autoridad electoral independiente, y con atribuciones integrales para ejercer la, función estatal, que no, gubernamental, de organizar las elecciones. Tal hecho fue expresión del amplio consenso entre las fuerzas políticas nacionales para democratizar el reparto de los cargos políticos… El inédito estatuto constitucional del IFE y su cometido de coadyuvar a la construcción de condiciones de competencia equitativas y de promover la cultura cívica, revelan la claridad del legislador en cuanto a que el desafío democratizador no podía constreñirse al combate del fraude y el descrédito de los organismos electorales, sino que tendría que extenderse a la reducción de las asimetrías entre los actores de la competencia, fortalecimiento del régimen de partidos y construcción del mercado político, y a la socialización in extensu de los valores democráticos.Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Status | Date due | Barcode |
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Analítica | Biblioteca Legislativa | Hemeroteca | Available | 372611 |
En octubre de 1990, en un entorno signado por la falta de credibilidad de los organismos comiciales y el imperativo de construir cauces eficaces para dirimir pacíficamente la creciente diversidad política nacional, surgió el Instituto Federal Electoral, IFE, como un ente, público autónomo, autoridad electoral independiente, y con atribuciones integrales para ejercer la, función estatal, que no, gubernamental, de organizar las elecciones. Tal hecho fue expresión del amplio consenso entre las fuerzas políticas nacionales para democratizar el reparto de los cargos políticos… El inédito estatuto constitucional del IFE y su cometido de coadyuvar a la construcción de condiciones de competencia equitativas y de promover la cultura cívica, revelan la claridad del legislador en cuanto a que el desafío democratizador no podía constreñirse al combate del fraude y el descrédito de los organismos electorales, sino que tendría que extenderse a la reducción de las asimetrías entre los actores de la competencia, fortalecimiento del régimen de partidos y construcción del mercado político, y a la socialización in extensu de los valores democráticos.
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