Salud y prisión
Nova Aranda, Juana Patricia
Salud y prisión
En estas líneas se buscará abordar un terreno poco explorado en la praxis por expertos en derecho penal y penitenciario. No se pretende construir un modelo que enmarque el deber ser de los actores involucrados, tanto del Estado como de particulares; la aspiración radica en enunciar algunas obligaciones y consecuencias que produce el binomio prisión y salud cuando esta última imposibilita a la persona para que cumpla una pena privativa o restricción preventiva de la libertad en un centro penitenciario. También se esbozarán algunas ideas que resaltan la exigibilidad del derecho fundamental que tienen las personas, en el caso del Distrito Federal, a no permanecer privadas de la libertad en centros de reclusión, ya sea durante la prisión preventiva o en el cumplimiento de una pena, cuando su estado de salud sea precario, hayan sufrido consecuencias graves derivadas de la comisión del ilícito imputado, sean seniles o vivan con alguna discapacidad; y finalmente, la obligación de los entes que integran el sistema penitenciario de la ciudad y de los operadores judiciales.
Salud y prisión
En estas líneas se buscará abordar un terreno poco explorado en la praxis por expertos en derecho penal y penitenciario. No se pretende construir un modelo que enmarque el deber ser de los actores involucrados, tanto del Estado como de particulares; la aspiración radica en enunciar algunas obligaciones y consecuencias que produce el binomio prisión y salud cuando esta última imposibilita a la persona para que cumpla una pena privativa o restricción preventiva de la libertad en un centro penitenciario. También se esbozarán algunas ideas que resaltan la exigibilidad del derecho fundamental que tienen las personas, en el caso del Distrito Federal, a no permanecer privadas de la libertad en centros de reclusión, ya sea durante la prisión preventiva o en el cumplimiento de una pena, cuando su estado de salud sea precario, hayan sufrido consecuencias graves derivadas de la comisión del ilícito imputado, sean seniles o vivan con alguna discapacidad; y finalmente, la obligación de los entes que integran el sistema penitenciario de la ciudad y de los operadores judiciales.
