El impacto de la sentencia de la Corte IDH en el caso Campesinos Ecologistas y la investigación de la tortura
Marroquín Farrera, José Rosario
El impacto de la sentencia de la Corte IDH en el caso Campesinos Ecologistas y la investigación de la tortura
La tortura en México De 2000 a 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, registró un total de ciento noventa y tres quejas por tortura. El menor número de estos incidentes se registró en 2005, con sólo dos eventos; el mayor fue registrado en 2011: cuarenta y dos quejas. En los pasados tres años tenemos un panorama que se aprecia en el siguiente cuadro en relación con la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existen condiciones jurídicas, políticas y culturales que hacen posible la tortura, además de situaciones inmediatas como la exigencia de seguridad frente a delitos de alto impacto y la errónea política de seguridad pública aplicada en los últimos años. Aunque hay un sistema de normas que permitirían la prevención y sanción de la tortura, y aunque el nuevo sistema de justicia penal acusatorio constituye una oportunidad para su erradicación, no observamos una tendencia firme para que esto suceda.
El impacto de la sentencia de la Corte IDH en el caso Campesinos Ecologistas y la investigación de la tortura
La tortura en México De 2000 a 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, registró un total de ciento noventa y tres quejas por tortura. El menor número de estos incidentes se registró en 2005, con sólo dos eventos; el mayor fue registrado en 2011: cuarenta y dos quejas. En los pasados tres años tenemos un panorama que se aprecia en el siguiente cuadro en relación con la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existen condiciones jurídicas, políticas y culturales que hacen posible la tortura, además de situaciones inmediatas como la exigencia de seguridad frente a delitos de alto impacto y la errónea política de seguridad pública aplicada en los últimos años. Aunque hay un sistema de normas que permitirían la prevención y sanción de la tortura, y aunque el nuevo sistema de justicia penal acusatorio constituye una oportunidad para su erradicación, no observamos una tendencia firme para que esto suceda.
