Transparencía abortada
Ackerman, John M.
Transparencía abortada
Así como la más reciente reforma electoral se encuentra a la deriva, la histórica reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia también ha quedado huérfana. En medio de la triple crisis, económica, sanitaria y de seguridad pública, que arrastra al país, el tema del acceso a la información pública ha desaparecido por completo del mapa político. Esta omisión es grave porque sería precisamente a través de un verdadero régimen de transparencia como se podría iniciar el camino hacia la renovación política, económica e institucional que tanto necesita México… Una de las faltas más preocupantes en la materia ha sido la constante negativa de los actuales diputados federales para cumplir con el artículo transitorio de la reforma constitucional que los obliga, desde hace dos años, a aprobar una nueva ley de acceso a la información pública. El cumplimiento de este mandato constitucional debiera ser una de las prioridades de los diputados que serán elegidos el próximo cinco de julio. Sin embargo, no se menciona el tema en las campañas electorales, pues, como ha ocurrido con la reforma electoral, la clase política parece más bien arrepentida de su propia creación constitucional.
Transparencía abortada
Así como la más reciente reforma electoral se encuentra a la deriva, la histórica reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia también ha quedado huérfana. En medio de la triple crisis, económica, sanitaria y de seguridad pública, que arrastra al país, el tema del acceso a la información pública ha desaparecido por completo del mapa político. Esta omisión es grave porque sería precisamente a través de un verdadero régimen de transparencia como se podría iniciar el camino hacia la renovación política, económica e institucional que tanto necesita México… Una de las faltas más preocupantes en la materia ha sido la constante negativa de los actuales diputados federales para cumplir con el artículo transitorio de la reforma constitucional que los obliga, desde hace dos años, a aprobar una nueva ley de acceso a la información pública. El cumplimiento de este mandato constitucional debiera ser una de las prioridades de los diputados que serán elegidos el próximo cinco de julio. Sin embargo, no se menciona el tema en las campañas electorales, pues, como ha ocurrido con la reforma electoral, la clase política parece más bien arrepentida de su propia creación constitucional.
