Mexico, país de impunidad: Cacho
Bravo, Jorge
Mexico, país de impunidad: Cacho
Entrevista durante un panel organizado por el Comité de Protección a Periodistas, Lydia Cacho denuncia la simulación de las autoridades, las agresiones contra comunicado res y la escasa solidaridad del gremio periodístico. No obstante, ella sigue investigando... Quienes nos salvamos de la tortura y de intentos de homicidio tenemos la responsabilidad de decir la verdad, comenta Lydia Cacho, después de que el juez segundo de lo penal de Quintana Roo cerrara su caso. Es una estrategia de la PGR para desarticular la investigación. El juez tiene razón porque la PGR sólo envió los documentos de dos judiciales, como si sólo ellos hubieran sido quienes instrumentaron mi detención y tortura... La pederastia y las redes que la promueven y protegen siguen sin ser abordadas por la justicia. No existe acusación contra Kamel Nacif ni órdenes de aprehensión contra los demás autores intelectuales y materiales de su detención. El Código Penal de Quintana Roo establece que el delito de tortura es aquel cometido por servidores públicos quintanarroenses, cuando el de Lydia fue perpetrado por policías poblanos.
Mexico, país de impunidad: Cacho
Entrevista durante un panel organizado por el Comité de Protección a Periodistas, Lydia Cacho denuncia la simulación de las autoridades, las agresiones contra comunicado res y la escasa solidaridad del gremio periodístico. No obstante, ella sigue investigando... Quienes nos salvamos de la tortura y de intentos de homicidio tenemos la responsabilidad de decir la verdad, comenta Lydia Cacho, después de que el juez segundo de lo penal de Quintana Roo cerrara su caso. Es una estrategia de la PGR para desarticular la investigación. El juez tiene razón porque la PGR sólo envió los documentos de dos judiciales, como si sólo ellos hubieran sido quienes instrumentaron mi detención y tortura... La pederastia y las redes que la promueven y protegen siguen sin ser abordadas por la justicia. No existe acusación contra Kamel Nacif ni órdenes de aprehensión contra los demás autores intelectuales y materiales de su detención. El Código Penal de Quintana Roo establece que el delito de tortura es aquel cometido por servidores públicos quintanarroenses, cuando el de Lydia fue perpetrado por policías poblanos.
