La prohibición de ciertas palabras ha cumplido, a lo largo de la historia, una serie de funciones muy dispares entre sí. Por un lado, y acaso de manera más extendida, se han censurado palabras, y libros: contenedores de palabras, por motivos autoritarios, muchas veces derivados de dogmas religiosos. Siglos de dictadores de toda índole, desde el papa Pío v, que tachó de impío el fresco de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, hasta Vladimir Putin, que encarceló a las chicas del grupo punk rock feminista Pussy Riot, han sabido que su poder radica en la ignorancia de aquel que los obedece, y por lo tanto han hecho lo necesario para prohibir cualquier otro instrumento de aprendizaje que ponga en riesgo su poderío. Claro que no toda censura parte de un afán autoritario. Del otro lado del espectro está el lenguaje políticamente correcto que tanta polémica ha desatado en los últimos años. Inicialmente pensado como una manera de evitar la discriminación o el racismo, el término se ha demeritado tanto que hoy tiene un tufo antidemocrático ante el cual muchos intelectuales liberales han lanzado advertencias. La corrección política es enemiga de la libertad, declaró Vargas Llosa hace poco en una entrevista (¿de la libertad de quién?, valdría la pena preguntarle.